El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, impulsó y logró la aprobación del paquete de reformas al Código Penal del Estado que tipifica como delito el uso ilegal de videovigilancia y geolocalización contra fuerzas de seguridad.
Bajo el Artículo 317, se impondrán penas de dos a ocho años de prisión a quien, de manera injustificada, vigile u obtenga información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad con la finalidad de alertar a la delincuencia para evadir detenciones o afectar a las víctimas.
La reforma introduce una agravante tecnológica: cuando los infractores instalen o utilicen cámaras de videovigilancia, grabadoras, dispositivos de geolocalización o aplicaciones digitales en infraestructura natural o pública para rastrear desplazamientos de autoridades, la sanción se incrementa hasta en una mitad, alcanzando los 12 años de cárcel.
Ocampo destacó que la ley garantiza explícitamente que no constituyen delito las actividades periodísticas, académicas, de defensa jurídica, de derechos humanos o de denuncia ciudadana que documenten el actuar de las corporaciones.
La reforma también protege a las corporaciones de comunidades ciudadanas o indígenas bajo esquemas de autogobierno.
