Carlos Torres Piña reestructuró la Fiscalía General del Estado de Michoacán desde su llegada en julio de 2025. Inició una reorganización que incluyó cinco vicefiscalías, nuevas áreas especializadas y más de 400 movimientos de personal sólo en Uruapan y Zamora. Reforzó capacidades regionales con 25 peritos y 43 agentes de investigación.
Orden interno y coordinación
Torres Piña priorizó ordenar la institución por dentro antes de exigir resultados externos: renovó mandos, cerró espacios a inercias internas y fortaleció la credibilidad interna como base para la coordinación efectiva. Profundizó el trabajo con el Gabinete de Seguridad federal, Sedena, Marina y Guardia Nacional.
Entre julio de 2025 y mayo de 2026, las órdenes de aprehensión cumplimentadas sin detención en flagrancia aumentaron de 212 a 477 —más del 100 %. Se integraron decenas de investigaciones en delitos de alto impacto, con más de 150 personas detenidas, cientos de capturas en flagrancia y 85 detenidos por extorsión, incluidos seis líderes y la desarticulación de células.
Detenciones clave incluyeron a Ramón Ángel “N” (“El R1”), César Alejandro “N” (“El Botox”), Alfonso “N” (“Poncho” o “La Quiringua”) y otros objetivos vinculados a extorsión y delitos de alto impacto —resultado de investigaciones coordinadas entre instituciones.
Michoacán registró una tendencia descendente en homicidios dolosos: de 259 en octubre de 2021 a 60 en marzo de 2026. Torres Piña impulsó también una renovación generacional con alrededor de 300 nuevas plazas y fortalecimiento de perfiles técnicos y de investigación.
Nada indica que los problemas hayan desaparecido: la extorsión persiste, hay regiones con presión criminal y cada homicidio recuerda que las estadísticas no sustituyen a las víctimas. Pero Torres Piña asumió la Fiscalía en el flanco más crítico del gobierno estatal y de la Cuarta Transformación en Michoacán —donde los errores tienen consecuencias inmediatas y los resultados se miden todos los días.
Su experiencia sostiene una tesis concreta: limpiar primero las instituciones, profesionalizarlas, recuperar confianza entre autoridades, coordinar capacidades y luego actuar contra estructuras criminales con investigaciones sólidas y sin intocables. Carlos Torres Piña no habla de seguridad desde la teoría: estuvo donde se toman las decisiones, asumió el costo político y dejó resultados medibles. En Michoacán, esa experiencia no es un detalle curricular. Es una credencial.
