Michoacán avanza hacia una movilidad más segura e inclusiva con reformas legislativas que transformarán la regulación del tránsito en la entidad. La Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que buscan garantizar desplazamientos ordenados, eficientes y respetuosos con la vida de todas las personas[1].
Reformas que priorizan la seguridad sobre sanciones económicas
Las adecuaciones legislativas representan un cambio paradigmático en la forma de entender la regulación vial. Mientras que el modelo tradicional se centraba en multas económicas con fines recaudatorios, el nuevo enfoque privilegia medidas preventivas, educativas y correctivas[2]. Esta transformación responde a evidencia científica que demuestra que la prevención y educación resultan más eficaces para reducir siniestros y lesiones graves que las sanciones monetarias[2].
El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, impulsor de estas iniciativas, enfatizó que “quien conduce un vehículo de transporte público debe hacerlo con responsabilidad, autocontrol y respeto a la dignidad humana”[3]. La reforma incorpora un componente preventivo que va más allá de castigar: contempla cursos de sensibilización, educación vial y control de ira como parte de esquemas de reinserción responsable[3].
Conductas violentas en vías públicas: consecuencias administrativas firmes
Una de las innovaciones más relevantes establece consecuencias administrativas para conductores que incurran en violencia durante accidentes o siniestros viales[3]. La suspensión de licencia no opera de manera arbitraria, sino que está sujeta a verificación mediante medios probatorios objetivos como dictámenes periciales, declaraciones, grabaciones y reportes oficiales, respetando el debido proceso[3].
Este mecanismo busca dignificar el servicio de transporte público y garantizar que “la violencia no puede ni debe normalizarse en el espacio público”[3]. Los usuarios merecen un transporte seguro y profesional, donde los conflictos entre operadores sean denunciados inmediatamente para mantener el orden y la seguridad[3].
Regulación de materiales y sustancias peligrosas
Las reformas incorporan definiciones precisas sobre materiales, sustancias y residuos peligrosos que representan riesgos para la seguridad vial, la salud pública y el medio ambiente[1]. Los vehículos destinados al transporte de estas sustancias deberán circular bajo un enfoque de seguridad vial y gestión del riesgo, con sujeción a legislación federal y normatividad aplicable[1].
