La aprobación unánime de la reforma constitucional para crear la Ley General contra la Extorsión marca un hito en la lucha contra este delito que ha crecido en México en los últimos años, afectando gravemente a familias, comerciantes y productores. Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, respaldó con firmeza esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando el consenso alcanzado incluso con la oposición local para fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en el estado.
Extorsión: un mal que lacera la economía y la tranquilidad social
Aunque la incidencia delictiva general ha disminuido, la extorsión ha mostrado un aumento significativo en los últimos seis años, convirtiéndose en un flagelo que limita la inversión, la generación de empleo y la confianza ciudadana. Este delito afecta desde pequeños comerciantes hasta grandes productores, y su impacto se refleja en la paralización de economías locales y el miedo que genera en las comunidades, especialmente entre mujeres emprendedoras y jefas de familia.
Reforma constitucional y Ley General: un paso decisivo para la homologación legal
La reforma aprobada por el Senado y enviada a los congresos estatales para su ratificación faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que unifique criterios y cierre vacíos legales en materia de extorsión. Actualmente, la disparidad en las legislaciones estatales genera diferencias notables en las penas y definiciones del delito, dificultando su persecución efectiva. Por ejemplo, las penas varían desde uno hasta 30 años dependiendo del estado, mientras que a nivel federal oscilan entre dos y ocho años.
Con esta nueva ley, se establecerá un marco homogéneo que facilitará la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un modelo nacional único, buscando reducir la impunidad
