La diputada local Nalleli Pedraza Huerta impulsa una iniciativa presentada por la parlamentaria María Guadalupe Ramírez Velázquez para fortalecer los derechos lingüísticos de la comunidad sorda y garantizar el acceso oportuno a la Lengua de Señas Mexicana (LSM).
La propuesta plantea reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, reconociendo expresamente el derecho de las niñas, niños y adolescentes sordos a acceder a su lengua natural desde el nacimiento o desde el momento en que sea detectada una pérdida auditiva.
Nalleli Pedraza destacó que el acceso temprano al lenguaje es una condición indispensable para el desarrollo integral, y afirmó: “El lenguaje no es un privilegio, es un derecho humano. Garantizar que las niñas y los niños sordos tengan acceso inmediato a la Lengua de Señas Mexicana significa abrirles las puertas al conocimiento, a la educación, a la convivencia y al pleno ejercicio de todos sus derechos”.
La iniciativa reconoce a la comunidad sorda como una minoría lingüística, estableciendo derechos fundamentales como el uso libre de la LSM en espacios públicos y privados, el acceso inmediato a esta lengua tras la detección de la discapacidad auditiva, la preservación de su cultura, la convivencia con su comunidad lingüística y la promoción de investigación, capacitación y fortalecimiento de la lengua.
Asimismo, propone garantizar que la comunidad sorda pueda desarrollar, preservar, estandarizar y difundir la LSM sin interferencias, además de contar con los medios necesarios para asegurar su transmisión a las nuevas generaciones.
La legisladora recordó que esta iniciativa forma parte de las propuestas construidas por las y los parlamentarios con perspectiva de discapacidad en el Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Congreso del Estado, y reiteró su compromiso de impulsar todas las iniciativas emanadas de ese espacio para consolidar un marco jurídico que garantice plenamente los derechos de las personas con discapacidad.
“Construimos un Congreso más abierto, donde las personas con discapacidad no solo son escuchadas, sino que participan activamente en la elaboración de las leyes. Ese es el camino para lograr una verdadera inclusión y garantizar que nadie se quede atrás”, concluyó.
