En un paso decisivo hacia una justicia más humana y centrada en los más vulnerables, el diputado Iván Vera impulsa una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán que obliga a aplicar el Protocolo de Actuación Judicial en todos los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. Esta propuesta, presentada ante el Congreso del Estado en Morelia, busca eliminar vacíos legales que generan incertidumbre y revictimización en los procesos judiciales.
El vacío legal que urge cerrar: incertidumbre y revictimización
Como bien dice el refrán, “la justicia ciega no debe ser sorda a los más pequeños”. Actualmente, la falta de lineamientos uniformes permite criterios dispares entre autoridades, lo que pone en riesgo el interés superior de la niñez. Iván Vera enfatizó que esta reforma crea un nuevo capítulo en el Código Familiar, con reglas claras para jueces, magistrados, oficiales del Registro Civil y servidores públicos. Todos actuarán bajo un enfoque especializado, priorizando la protección infantil.
Claves de la iniciativa: participación, capacitación y coordinación
La propuesta destaca por su enfoque integral. Aquí los puntos más relevantes:
- Escucha efectiva: Niñas, niños y adolescentes participarán en procedimientos que les afectan, adaptado a su edad y madurez, en entornos libres de violencia institucional.
- Capacitación obligatoria: Entrenamiento anual para operadores de justicia familiar, asegurando sensibilidad y expertise.
- Coordinación interinstitucional: Mecanismos para unir esfuerzos entre instituciones.
- Evaluación continua: Sistemas de seguimiento por el Poder Judicial para medir impacto y mejorar.
| Aspecto clave | Beneficio principal | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Protocolo obligatorio | Uniformidad en todo Michoacán | Fin a criterios dispares |
| Participación infantil | Voz garantizada | Menos revictimización |
| Capacitación anual | Profesionales sensibles | Justicia más humana |
| Seguimiento judicial | Mejora constante | Cumplimiento efectivo |
Esta iniciativa da fuerza legal al protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando su aplicación obligatoria en el estado. Responde a compromisos constitucionales e internacionales de México en derechos de la infancia.
