Gobernar es cumplirle a la ciudadanía con **resultados tangibles y verificables**. Bajo esta premisa, el diputado Toño Carreño Sosa presentó una iniciativa de reforma para crear la **Comisión de Evaluación y Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo**, un mecanismo que busca fortalecer la rendición de cuentas en los ayuntamientos de Michoacán sin vulnerar su autonomía[1].
La propuesta responde a una realidad preocupante: aunque los municipios elaboran planes de desarrollo, aprueban presupuestos y ejecutan programas, carecen de un sistema institucional claro para evaluar si estas acciones realmente funcionan y benefician a la mayoría de la ciudadanía[1]. Como señala el legislador de Movimiento Ciudadano, “esa brecha no es menor; es una grieta en la confianza pública”[1].
### La autonomía municipal no es un cheque en blanco
La autonomía de la que gozan los ayuntamientos, explicó Carreño, debe estar sujeta a **principios fundamentales de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez**[1]. El desafío radica en establecer controles sin coartar la capacidad de decisión local.
Los datos del INEGI revelan que una proporción significativa de municipios carece de áreas formales de evaluación o de indicadores estructurados de desempeño[1]. Esta carencia genera un vacío donde se sabe cuánto se gasta, pero permanece la incertidumbre sobre los resultados obtenidos.
### Atribuciones claras para la nueva comisión
La Comisión propuesta tendría responsabilidades específicas y medibles[1]:
– Dar seguimiento al cumplimiento de metas municipales
– Proponer indicadores medibles para evaluar desempeño
– Solicitar información programática y financiera
– Emitir informes semestrales públicos
– Formular recomendaciones técnicas para mejorar políticas públicas
### Continuidad en la agenda de fortalecimiento municipal
Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos previos del legislador naranja. Recientemente, Carreño presentó una reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal para fortalecer las comisiones de Hacienda, Patrimonio y Municipal, buscando que los recursos se apliquen en estricto apego a lo aprobado por los Cabildos[2]. También fue determinante en salvaguardar a los ayuntamientos de la reforma constitucional de no endeudamiento, reconociendo que los gobiernos locales requieren créditos para obras de
