En un paso histórico hacia la equidad, el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad en Michoacán presentó 16 propuestas innovadoras que abordan desde la movilidad accesible hasta la enseñanza gratuita de Lengua de Señas Mexicana (LSM). La diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, vicepresidenta del Congreso local, anunció que todas serán elevadas al Pleno legislativo, garantizando que las voces de las personas con discapacidad resuenen con fuerza en el debate público[1][5][7].
Este evento, realizado el 20 de marzo de 2026 en el Congreso de Michoacán, encarna el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”, un lema que resuena como un eco de justicia social. Con más de 90 propuestas recibidas previamente, el parlamento seleccionó intervenciones que prometen transformar la realidad cotidiana de miles de michoacanos[3][7]. Pedraza Huerta, con su trayectoria en derechos humanos y experiencia personal —madre de una hija con Síndrome de Down—, invitó a los parlamentarios a perseverar: “No dejen de luchar para que sus voces sean escuchadas”[6][4].
La accesibilidad urbana emerge como prioridad, con ideas prácticas que podrían erradicar barreras invisibles. Dulce Rojas Ornelas propuso una “multa digital” vía app para denunciar obstrucciones en espacios reservados, una herramienta tecnológica que democratiza la vigilancia ciudadana. Alejandro Landín González exigió semaforización sonora en avenidas clave y zonas de salud, mientras Paola Lara Bucio abogó por sistemas sonoros en transporte público y alertas electrónicas de rutas[1].
Estas iniciativas no son utopías: responden a la urgencia de una movilidad inclusiva, alineada con reformas previas impulsadas por Pedraza para adaptar el propio Congreso con rampas y señalética[2].
La educación inclusiva brilla con propuestas que van al corazón de la familia y la escuela. Pilar Berenice Marín Ceja demandó programas gratuitos de LSM para padres y familiares de personas sordas; María Guadalupe Ramírez Velázquez, acceso temprano a esta lengua; y Alison Giselle Álvarez Pedraza, regulación de intérpretes. Sigrid Navarro Rodríguez sugirió un fondo estatal contra cobros por “guías sombra” en escuelas[1].
Everardo Casillas Gasca planteó el modelo de transición
