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Diputados del PT impulsan desincorporación de predios en Michoacán para salud, educación y municipios

Los diputados del PT respaldaron la desincorporación de 38 predios estatales en Michoacán.

En un paso decisivo por el desarrollo social de Michoacán, los diputados del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado respaldaron la desincorporación de 38 predios estatales, destinándolos a fortalecer la salud pública, la educación superior y los servicios municipales. Esta medida no solo brinda certeza jurídica a proyectos ya en marcha, sino que responde a una demanda histórica de las familias michoacanas, como bien lo expresó el refrán: “El bien común es el tesoro de la nación”.

Hugo Rangel Vargas: Abriendo puertas a la regularización de predios

Durante la vibrante discusión en tribuna, el diputado Hugo Rangel Vargas, reconocido por su trayectoria en movilidad sustentable y derechos humanos, enfatizó que este proceso debe extenderse a la regularización de predios en colonias irregulares. “Es una demanda histórica de muchas familias”, señaló, abogando por soluciones concretas que alejen la incertidumbre jurídica de miles de hogares. Su visión, forjada en años de servicio público y liderazgo en comisiones clave, posiciona al PT como motor de transformación[1][2].

Reyes Galindo Pedraza: Universidad Rosario Castellanos, un faro para Tierra Caliente

El coordinador parlamentario Reyes Galindo Pedraza destacó la desincorporación de un predio en Múgica, ahora destinado a la Universidad Rosario Castellanos. Este proyecto ampliará oportunidades de educación superior para las juventudes de Tierra Caliente, una región clave para el progreso estatal. “Fortalecer la infraestructura educativa es una apuesta directa por el desarrollo social”, afirmó, recordando que, como dijo Lázaro Cárdenas, “La miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos”[3].

Vicente Gómez Núñez: Certeza jurídica para la educación media superior en Tacámbaro

Por su parte, Vicente Gómez Núñez resaltó el impacto en Tacámbaro, donde un predio desincorporado otorgará certeza jurídica a una institución de educación media superior. “Garantizar condiciones adecuadas es clave para impulsar el acceso a la educación”, subrayó el legislador, subrayando cómo estas acciones evitan que el potencial juvenil se pierda en laberintos burocráticos.

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