Octavio Ocampo impulsa una reforma histórica para erradicar la discriminación en las escuelas de Michoacán, proponiendo que esta sea reconocida como una forma específica de violencia escolar. La iniciativa busca fortalecer la Ley para la Atención de la Violencia Escolar mediante la incorporación de protocolos claros para prevenir, denunciar y sancionar actos discriminatorios en los centros educativos del estado.
La propuesta presentada ante el Congreso de Michoacán añade fracciones a los artículos 2°, 4°, 8° y 38 de la ley vigente, con el fin de establecer mecanismos que incluyan:
- Protocolos específicos para la atención de casos de discriminación.
- Fortalecimiento del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar.
- Campañas educativas permanentes sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.
El diputado perredista destacó que la escuela debe ser un espacio seguro y libre de exclusión para niñas, niños y adolescentes, subrayando que la discriminación no puede seguir normalizándose en el ámbito escolar. Según datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, Michoacán se posiciona como el cuarto estado con mayor discriminación hacia la niñez y adolescencia, con un 36.7% de menores que han experimentado esta problemática. De ellos, el 40.9% pertenecen a comunidades indígenas y casi la mitad tienen alguna discapacidad.
Además, cifras recientes de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer) indican que en 2021, tres de cada diez estudiantes michoacanas sufrieron violencia en el entorno escolar. El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ha documentado casos de exclusión por apariencia física o identidad de género, como el caso de una alumna en Pátzcuaro que fue marginada por su expresión de género.
Estas estadísticas reflejan un aumento en la percepción de discriminación en la población adulta, que pasó del 16.5% en 2017 al 21.8% en 2022, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS). Por ello, la reforma busca que las escuelas implementen programas de sensibilización, protocolos de denuncia y sanciones claras contra la discriminación por género, discapacidad, etnia, religión, orientación sexual o apariencia física.
El legislador enfatizó que educar en igualdad no es solo una opción política, sino una obligación moral y legal para evitar que las desigualdades se perpetúen en la sociedad. De aprobarse, Michoacán se colocaría a la vanguardia nacional en la prevención de la violencia y discriminación escolar, alineando su marco jurídico con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
