La Reforma Constitucional “No más deuda” representa un quiebre histórico en la forma en que Michoacán ha administrado sus finanzas públicas durante más de treinta años[1]. Con la aprobación unánime del Congreso del Estado, la entidad cierra definitivamente la puerta a una práctica que ha caracterizado su gestión administrativa: heredar compromisos financieros a gobiernos venideros[1].
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria, fue categórico al calificar esta decisión como trascendental no solo para la generación actual, sino especialmente para las futuras generaciones de michoacanos[1]. Su intervención en el acto de presentación de la reforma subraya un cambio paradigmático en la política estatal: la voluntad de hacer las cosas de manera diferente, con orden, gobernabilidad y cuidado de los recursos públicos[1].
El legado de una deuda heredada que sofocaba al estado
Antes de comprender la magnitud de esta reforma, es necesario contextualizar el escenario que Michoacán enfrentaba. Entre 1993 y 2021, administraciones anteriores acumularon una deuda pública que alcanzó los 22 mil millones de pesos, cifra que se elevaba a 50 mil millones cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo[1][9]. Esta carga financiera generaba un efecto dominó devastador:
- Rezagos en pagos a proveedores y trabajadores del sector público[1]
- Dependencia crítica de recursos federales para cumplir obligaciones básicas[1]
- Deuda per cápita de 4 mil 300 pesos por cada habitante michoacano[3]
- Más de 6 mil millones de pesos anuales destinados únicamente al pago de intereses y amortizaciones[7]
Esa última cifra es particularmente reveladora: representa casi el doble del presupuesto anual de obra pública estatal y supera en más de mil millones de pesos el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo[7].
Una reforma que blinda el futuro financiero
La reforma aprobada establece una regla constitucional firme: los gobiernos estatales no podrán contratar créditos a largo plazo que rebasen el periodo de la administración en turno[1]. En otras palabras, cada gobierno estará obligado a asumir y liquidar los financiamientos que solicite durante su gestión, sin traspasar la responsabilidad a
