La batalla digital contra la extorsión en Michoacán
La sesión ordinaria del 18 de febrero dejó constancia de un acuerdo unánime: 25 votos a favor para reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta modificación no es un simple trámite administrativo, sino una respuesta contundente a una realidad que ha crecido de manera alarmante en los últimos años.
Los números hablan por sí solos. Mientras que la tasa nacional de víctimas de extorsión pasó de 5.09 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 8.21 en 2024 —un incremento del 60 por ciento—, Michoacán experimentó un aumento aún más pronunciado: de 0.92 a 5.92 en el mismo período, lo que representa una escalada superior al 400 por ciento. En 2024 se registraron 10 mil 239 casos en el país, de los cuales 295 ocurrieron en la entidad.
Pero hay un dato que resulta aún más inquietante: más del 96 por ciento de los casos no se denuncian. Esta cifra negra refleja una desconfianza profunda en las instituciones y el miedo que paraliza a las víctimas.
El miedo como arma del delincuente
“Un delito que no solamente roba recursos, que no solamente roba dinero, roba la tranquilidad, roba la paz y roba la seguridad”, expresó Adriana Campos Huirache desde la tribuna legislativa. Sus palabras resonaron con la experiencia de miles de michoacanos que viven bajo la sombra de la extorsión.
La diputada del PRI enfatizó que muchas víctimas no denuncian por dos razones fundamentales:
- Miedo a represalias de los delincuentes
- Enfrentamiento con trámites burocráticos complejos
Esta reforma busca eliminar ambas barreras mediante la digitalización de la denuncia, permitiendo que las personas reporten desde la privacidad de su teléfono móvil, con mayor protección y acompañamiento institucional inmediato.
