En un acto que resalta el compromiso legislativo con los más vulnerables, la diputada **Xóchitl Ruíz González**, presidenta de la **Comisión de Derechos Humanos** del Congreso de Michoacán, reafirmó su dedicación a proteger los derechos de los jornaleros agrícolas durante la presentación del libro *Jornaleros Agrícolas Migrantes y Pequeños Productores*, coordinado por María Elena Rivera Heredia, Pedro Fernández Carapia y Marco Antonio Tinoco Álvarez[1][3][7]. Este evento, realizado en el salón de recepciones del Parlamento michoacano, visibilizó las precarias condiciones de un sector que, como bien dijo un activista, representa **”los jodidos entre los jodidos”**, urgiendo al Estado a saldar una deuda histórica[3][5].
Los jornaleros michoacanos enfrentan explotación sistemática, con **200 mil trabajadores** distribuidos en las cinco regiones del estado, parte de los **tres millones a nivel nacional**. Pedro Fernández Carapia, de Fuerza Migrante, denunció que su abandono no es casual, sino estructural: “Alguien se está enriqueciendo con su pobreza”, enfatizó, comparando sus penurias con las de migrantes indocumentados, que palidecen ante tales realidades[3][5].
La diputada Ruíz subrayó: *”Desde la Comisión, entendemos su vulnerabilidad y fortaleceremos el trabajo en pro de sus derechos humanos, de la mano con autoridades para garantizar una vida digna”*[1]. Este enfoque alinea con su trayectoria, como la iniciativa para incluir a adolescentes en grupos vulnerables de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos[2][4].
**Datos clave sobre jornaleros en Michoacán:**| Aspecto | Detalle | Fuente ||———|———|——–|| **Población estatal** | 200,000 jornaleros | [3][5] || **Nacional** | 3 millones | [3][5] || **Regiones afectadas** | 5 en Michoacán | [3] || **Problema principal** | Explotación estructural y olvido estatal | [3][5] |
La vicepresidenta de la Mesa Directiva, **Nalleli Julieta Pedraza Huerta**, representó al Congreso y llamó a **”traducir el conocimiento en leyes y políticas que atiendan la desigualdad estructural”**, promoviendo diálogo entre academia, sociedad civil y poder público[1]. Este libro se erige como herramienta para abordar la problemática y buscar respuestas duraderas al sufrimiento de los jornaleros.
